Diligencia debida de los clientes europeos: lo que llega hasta los proveedores marroquíes

Análisis normativo

Asmaa EL FORKANI 6 min de lectura

Las grandes empresas europeas soportan obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y de medio ambiente. Estas obligaciones se refieren a sus propias actividades y a las de sus socios. Se transmiten a los proveedores marroquíes por vía contractual: cuestionarios, auditorías, cláusulas de cumplimiento, planes correctores. Además, su calendario se modificó en 2025 y de nuevo en 2026.

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Constatación: los textos europeos de diligencia debida

Tres categorías de textos abarcan la conducta de las empresas europeas en sus cadenas de suministro. En primer lugar, la Ley francesa n.º 2017-399, de 27 de marzo de 2017, impone un plan de vigilancia a las grandes sociedades establecidas en Francia. Este plan comprende a sus filiales, subcontratistas y proveedores. La Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad generaliza una obligación comparable a escala de la Unión. Esta directiva se modificó en 2025 y en 2026. Por último, el Reglamento (UE) 2024/3015 prohíbe la introducción en el mercado de la Unión de productos realizados con trabajo forzoso.

Además, estos textos se suman a los instrumentos no vinculantes que sirven de referencia a los clientes y a los financiadores. El primero lo constituyen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011). Figuran también las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (actualizadas en 2023). Se añade, asimismo, la Declaración tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo. El proveedor marroquí no está sujeto a ninguno de ellos. Sin embargo, recibe sus exigencias a través de sus contratos.

Análisis: la directiva revisada y su ámbito

La Directiva (UE) 2026/470, denominada «Ómnibus I», restringió el ámbito de la Directiva de 2024. Se publicó en el Diario Oficial el 26 de febrero de 2026. Así, quedan comprendidas las empresas de la Unión que empleen a más de 5 000 trabajadores. Es preciso, además, que alcancen un volumen de negocios neto mundial superior a 1 500 millones de euros. Quedan comprendidas también las empresas de terceros países que alcancen más de 1 500 millones de euros de volumen de negocios neto en la Unión.

Los Estados miembros deben efectuar la transposición antes del 26 de julio de 2028. Las obligaciones se aplican después, a partir del 26 de julio de 2029.

Análisis: las nuevas reglas de la diligencia debida

La revisión suprime el régimen armonizado de responsabilidad civil, cuya aplicación queda ahora en manos de los Derechos nacionales. Suprime también la obligación de adoptar un plan de transición climática. Además, limita las sanciones pecuniarias al 3 % del volumen de negocios neto mundial. Asimismo, adopta un enfoque basado en el riesgo. Así, una identificación general de las áreas de riesgo precede a una evaluación en profundidad limitada a las áreas prioritarias.

Por último, regula las solicitudes dirigidas a los socios. La información solo se solicita si es necesaria. Para los socios que empleen a menos de 5 000 trabajadores, se solicita únicamente si no puede obtenerse razonablemente por otros medios. La Directiva fija el 26 de julio de 2027 como fecha límite para que la Comisión adopte orientaciones sobre cláusulas contractuales tipo de uso voluntario. La misma fecha rige para una primera serie de directrices. Otras directrices deben seguir a más tardar el 26 de julio de 2028.

Análisis: el trabajo forzoso, una lógica de producto

Por su parte, el Reglamento (UE) 2024/3015, aplicable a partir del 14 de diciembre de 2027, obedece a una lógica diferente. No fija una obligación de procedimiento para determinadas empresas. Prohíbe, en cambio, la introducción en el mercado, la comercialización y la exportación de productos realizados con trabajo forzoso. Esta prohibición se aplica con independencia del tamaño del operador, del producto y de su origen.

Las autoridades nacionales competentes y la Comisión investigan con arreglo a un enfoque basado en el riesgo. En caso de constatación, pueden ordenar la prohibición, la retirada del mercado y la eliminación de los productos. Además, la Comisión debe mantener una base de datos sobre las zonas geográficas y los productos de riesgo; en octubre de 2026 dicha base seguía en fase de elaboración, mientras que las directrices sobre la aplicación del Reglamento se publicaron en el Diario Oficial de 3 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2026 se abrió un portal único dedicado al trabajo forzoso.

La diferencia es relevante para un proveedor. En efecto, la diligencia debida es una obligación de medios que pesa sobre el cliente contratante. Por otro lado, la prohibición del trabajo forzoso es una sanción vinculada al producto. Puede bloquear una mercancía en la frontera europea con independencia de cualquier falta del importador.

Implicaciones prácticas de la diligencia debida para el proveedor

Lo que llega hasta el proveedor adopta formas conocidas. Se trata de códigos de conducta que deben firmarse, cuestionarios de evaluación, derechos de auditoría y mecanismos de denuncia. También figuran los planes de acción correctores y las cláusulas de resolución. La directiva revisada limita el volumen de las solicitudes dirigidas a los socios que empleen a menos de 5 000 trabajadores. Sin embargo, no prohíbe ni la auditoría ni las exigencias contractuales.

La preparación consiste, en primer lugar, en cartografiar los riesgos propios y los de los subcontratistas. Estos riesgos abarcan las condiciones de contratación, los cargos exigidos a los trabajadores y la retención de los documentos de identidad. Abarcan también las horas extraordinarias, la salud y la seguridad, los vertidos y el consumo de recursos. Consiste, después, en documentar: políticas escritas, registros, resultados de auditorías, tramitación de las denuncias. En efecto, un reproche frecuentemente formulado a las empresas reside en la distancia entre compromisos publicados y una diligencia debida efectiva no demostrada.

Las cláusulas impuestas se negocian. Así, el reparto del coste de las auditorías y la confidencialidad de la información transmitida son puntos legítimos de discusión. Lo es también la obligación de proponer un plan corrector antes de cualquier resolución. Lo es, asimismo, la proporcionalidad de las solicitudes en relación con el tamaño del proveedor. Las directrices y las orientaciones sobre cláusulas contractuales tipo previstas por la Directiva están llamadas a aclarar estos puntos.

Puntos de atención

  • Identificar, entre los clientes, a aquellos sujetos a la ley francesa de 2017 o a la directiva revisada.
  • Cartografiar los riesgos sociales y medioambientales de los centros propios y de los subcontratistas.
  • Documentar políticas, registros y auditorías de manera aprovechable por un tercero.
  • Verificar la ausencia de indicadores de trabajo forzoso en la cadena de suministro de los productos exportados a la Unión.
  • Negociar el coste de las auditorías, la confidencialidad y un plan corrector previo a cualquier resolución.

Referencias

Véase también: Nota de análisis – Contrato internacional: las cláusulas que deciden el desenlace de un litigio; Lista de control – Puntos de atención de un contrato internacional. Departamentos de Comercio Internacional y Exportación; Gobernanza y Resolución de Conflictos; Auditoría y Gestión de Transición.

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